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Los datos suelen ser confusos, las fuentes escasas y el sesgo ideológico determinante a la hora de realizar un diagnóstico. Asistimos a un baile incesante de cifras respecto a la cantidad de personas tratadas en los últimos años. Por este motivo se hace imprescindible la implementación de metodologías feministas, que suponen un análisis crítico del contexto, que tienen en cuenta la desigualdad de género y que ponen en el centro las voces y situaciones de las mujeres. 

Los datos oficiales provienen principalmente de instituciones públicas que contabilizan a las personas identificadas como víctimas de trata en el marco de operativos policiales y/o procesos judiciales. En este caso, las cifras son escasas ya que la gran mayoría de personas tratadas no son identificadas por la policía ni formulan una denuncia. Además, no siempre estos informes detallan los datos diferenciados por sexo y formas de trata ni cuentan con indicadores elaborados con perspectiva de género. Tampoco incorporan un análisis de impacto de los mecanismos de protección y garantías de derechos en relación a la cantidad de víctimas detectadas. 

A su vez, estos informes incluyen conceptos muy genéricos tales como “mujeres en riesgo de ser víctimas de trata” o “víctima potencial” que aparecen habitualmente en documentos oficiales y se refieren simplemente a la totalidad de mujeres que ejercen prostitución contactadas por entidades sociales o cuerpos policiales. No ofrecen, por tanto, información sobre el alcance real de la trata. 

En el caso de las entidades sociales, sus datos se refieren a intervenciones concretas, en el territorio donde llevan a cabo sus programas. La dificultad añadida es que cada organización puede definir conceptos muy diversos para describir, según su base ideológica, la población de mujeres atendida. Así, algunas entidades, pueden generar una confusión importante al utilizar “explotación sexual” como sinónimo de trata. El concepto de explotación sexual, que carece de definición jurídica, es, por tanto, un genérico cajón de sastre donde, según los intereses políticos, se asimila desordenadamente la totalidad de la prostitución, sin determinar la presencia (o no) de indicios de trata. 

Ante esta disparidad de criterios, el uso de datos es un elemento más para legitimar argumentos particulares o simplemente para justificar que “algo se está haciendo” 

En este contexto de confusión y de ausencia de estadísticas fiables, abogamos por una utilización de datos responsable. Los informes cuantitativos deben contextualizarse, no extrapolarse y leerse con capacidad de crítica en relación a las limitaciones y/o a los intereses de cada fuente. Al igual, es necesario clarificar conceptos y promover la rigurosidad alejándose de usos que pueden minimizar -o exagerar- la realidad de la trata. 

Desde una perspectiva de Derechos Humanos (1), debemos apostar por visibilizar todas las diferentes formas de trata, incorporando, además, indicadores con perspectiva de género y realizando evaluaciones de impacto que permitan modificar los abordajes de la trata y evaluar los recursos disponibles. 

Las políticas públicas actuales se basan en medidas de criminalización contra la prostitución y eluden responsabilidades sobre la detección sobre otras formas de trata. Esta situación, ha llevado al Consejo de Europa a señalar la carencia de datos en sectores de riesgo como la agricultura, la hotelería, el trabajo doméstico y el textil (2). 

Y tanto en estudios o informes sobre la trata con fines de prostitución forzada, como sobre otras formas de trata y sobre otras violencias machistas, se deben incorporar metodologías feministas de trabajo e investigación que nos permitan hacer reflexiones, evaluaciones y propuestas de modificación de las políticas públicas actuales de manera mucho más constructiva. 

Las evaluaciones, tanto cuantitativas como cualitativas, nos deben permitir impulsar medidas que mejoren de manera sustancial el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres en situación de trata, es decir, sus vidas. 

 

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(1) En cumplimiento de la Directiva europea 2011/36/UE y del Convenio de Estambul en su Artículo 11.

(2) Informe de evaluación del grupo de expertos sobre la lucha contra la trata de seres humanos – GRETA Consejo de Europa – 26 de junio de 2018