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Creemos que es necesario impulsar un abordaje equilibrado desde diferentes ámbitos de actuación que permitan coordinaciones reales y efectivas en el marco de la garantía de los derechos de las mujeres en situación de trata. 

El abordaje de la trata implica necesariamente una intervención desde diferentes ámbitos de actuación. La academia, los servicios públicos de atención, los cuerpos policiales, los cargos políticos de cada administración, fiscalía, la judicatura, las entidades sociales, los medios de comunicación, etc., cada actor social debe cumplir con un papel importante en la defensa de los derechos de las víctimas de trata, ya sea que estén identificadas oficialmente o no. 

La elaboración de políticas públicas, de circuitos, protocolos y planes de actuación deben estar dirigidos a garantizar los derechos de las víctimas – desde la detección de indicios. Se deben incorporar medidas que vayan más allá del ámbito policial y judicial, ya que la mayor parte de las mujeres no denuncian o ni tan siquiera son identificadas oficialmente por los cuerpos policiales ya sea por decisión propia, por salvaguardar su seguridad personal o simplemente por carecer de la información requerida sobre sus tratantes. Incluir estas realidades – hasta ahora invisibilizadas- también debe ser una prioridad para afianzar una intervención integral. 

Del mismo modo, cabe realizar evaluaciones de impacto para determinar buenas prácticas e incidencias que nos permitan seguir avanzando en una respuesta coordinada en la defensa de derechos. 

Todos los espacios de decisión y de trabajo inter-institucionales deben incorporar a entidades especializadas que trabajan diariamente en contacto con mujeres en situación de trata y establecer mecanismos de incidencia directa para que sus aportaciones puedan recogerse en la elaboración y evaluación de las políticas públicas desarrolladas. 

Además, para poder abarcar de manera mucho más certera una amplia realidad de situaciones, debemos proponer la incorporación también de las mujeres que ejercen prostitución en la detección y primera intervención. Si bien ellas no tienen obligación ni responsabilidad institucional, pueden ser importantes aliadas para difundir información de apoyo a mujeres en situación de trata. 

Apostamos por una coordinación que teja alianzas, elabore acuerdos, convenios y pactos que se dirijan a mejorar la vida de las mujeres en situación de trata bajo premisas que partan de una perspectiva feminista de Derechos Humanos.