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La vulnerabilidad de las mujeres no es inherente al género, es el resultado de un contexto estructural patriarcal de desigualdad y discriminación social. La criminalización y la victimización de las mujeres ahonda en la discriminación y por lo tanto implica restringir el ejercicio efectivo de sus derechos. 

El estigma de la prostitución, que señala a las mujeres como “pobrecitas” (víctimas) y “culpables” (criminales), influye de manera concreta y directa en el abordaje de la trata con fines de prostitución forzada. Desalentar las migraciones, las elecciones sobre el propio cuerpo y las estrategias de resistencia de las mujeres es, sin duda, desalentar su autonomía. Por ello, cabe evitar medidas y actitudes paternalistas y/o prohibicionistas que restrinjan la libertad de las mujeres castigándolas con el supuesto objetivo de “protegerlas” o “rescatarlas” o “salvarlas”. 

Si bien entendemos que las mujeres en situación de trata sean desde una perspectiva jurídica “víctimas” de un delito grave, también son el motor real de sus procesos de recuperación. Sus procesos para desvincularse de las violencias son mucho más diversos, ricos y no siempre implican determinarse como “víctimas” y mucho menos ser victimizadas. Las mujeres no son “víctimas”, están expuestas a vulneraciones de derechos que las convierten en víctimas. 

En ningún caso, el abordaje de la trata puede criminalizar o perseguir a las mujeres que ejercen prostitución. En el marco jurídico actual, la prostitución no es un delito penal. Sancionar la prostitución a través de ordenanzas o leyes criminalizadoras no es una opción real ni efectiva para intervenir sobre la Trata. 

Además, la criminalización obstaculiza las posibilidades de todas las mujeres para desvincularse de situaciones de violencia machista y esto es particularmente preocupante en el caso de aquellas que están en situación de trata ya que genera una falsa percepción sobre su lugar como “criminales”, que provoca aislamiento social y dificulta que puedan sentirse legítimas para pedir apoyo. 

Criminalizar no solamente no es una respuesta eficaz, además, vulnera los derechos de todas, de las víctimas de trata y de las que han decidido ejercer prostitución. Las víctimas de trata no pueden convertirse en daños colaterales de las políticas de persecución hacia la prostitución. Ni viceversa.