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Las mujeres son diversas y, del mismo modo, lo son sus experiencias y sus procesos vitales. Las intervenciones institucionales deben por lo tanto respetar al máximo esta interseccionalidad comprendiendo la situación de violencia desde una base multidimensional. 

Es necesario evitar reproducir el estigma en la elaboración de políticas públicas, así como basarse en estereotipos de una “víctima imaginaria” que no se corresponde con los procesos reales de las mujeres en situación de trata. Por ello, se han de incluir las aportaciones de las mujeres en situación de trata para diseñar acciones dirigidas a mejorar su calidad de vida. 

Apostamos por el desarrollo de políticas públicas que se acerquen a las realidades de las mujeres incluyendo medidas de sensibilización y de formación a profesionales. Esto debe permitir realizar una mirada introspectiva y descubrir de qué manera nos atraviesa la perspectiva patriarcal, el estigma, los prejuicios y dimensionar las consecuencias de actuar bajo estos estereotipos en el abordaje de la trata. 

La decisión de las mujeres en situación de trata de colaborar (o no) con la investigación policial, o la cantidad de información que tienen sobre sus tratantes, no puede condicionar, en una lógica de intercambio de favores, el reconocimiento de sus derechos. Las mujeres en situación de trata no son quienes deben cargar con el peso de los procesos de detección, atención o recuperación, ni en el ámbito social ni en las investigaciones policiales-judiciales. 

Al mismo tiempo, es indispensable implementar cambios en los mecanismos legales y judiciales para mejorar los procesos y el conocimiento de las distintas vivencias de las mujeres frente a situaciones de violencia machista. Esto ha de suponer poder contextualizar sus decisiones y evitar que todo el peso de la causa no recaiga en sus declaraciones. 

Los derechos de las mujeres en situación de trata deben garantizarse, en el marco de las diferentes competencias locales, nacionales e internacionales, sin necesidad de denuncia, de juicio, ni por supuesto, de los resultados de las sentencias. Así lo reconocen las Directivas europeas 2011/36/UE y 2012/29/UE. 

Es necesario destinar recursos para todas las fases de acompañamiento a las mujeres víctimas de trata, priorizando la formación de profesionales de los servicios públicos de atención (social, sanitaria, jurídica, en violencias de género, etc.) para que puedan integrarse a esos circuitos con facilidad y asumiendo el apoyo a servicios específicos para cubrir toda la diversidad de necesidades de las víctimas de trata. 

Se debe apostar por un equilibrio de recursos que permita garantizar los derechos de las víctimas de trata, esto requiere, como indican las convenciones internacionales (1) sobre violencia contra las mujeres, asumir responsabilidades. La omisión en el desarrollo de medidas adecuadas es también una forma de violencia institucional y como tal debe ser erradicada, tal y como ya determinó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (2). 

Del mismo modo, es imprescindible contemplar la reparación económica como un derecho fundamental de las víctimas de trata reconocido en el Artículo 30 del Convenio de Estambul. No implementar los mecanismos necesarios para hacer efectivo este reconocimiento implica un obstáculo importante en la garantía de derechos. 

 

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(1) Cedaw y Convenio de Estambul

(2) Sentencia Rantsev v. Chipre & Rusia (Eur. Ct. H.R. Ene. 7, 2010)